En Dias pasados se aprobó en España una nueva regulación sobre la figura de los detectives privados. Lejos de esa imagen mítica que nos ha dejado el cine sobre sus pesquisas, lo cierto es que tienen que hacer frente a una realidad bien distinta que se mueve a veces en complejos límites legales, que ahora se quieren supervisar desde el Ministerio del Interior. Se trata de evitar que se produzcan hechos más relacionados con el espionaje, como el recientemente descubierto de una agencia catalana que hacía seguimientos a políticos relevantes. Lo habitual es que su actividad principal se centre en al ámbito laboral.
En España se calcula que hay unos 3000 investigadores privados, que se encargan fundamentalmente de recabar información para empresas, en tareas como verificar bajas fingidas, falsos siniestros, o robos. También se les reclama, en menor medida, para asuntos particulares como las infidelidades o el ritmo de vida para pagar pensiones compensatorias. Hay varias universidades que han ofertan ya estos estudios.
