Para el penalista Alejandro Rebolledo, especialista en legitimación de capitales y crimen organizado, un narco-Estado está determinado por un escaso poder de la autoridad, grandes deficiencias legales, un Estado débil y por corrupción. “Venezuela tiene casi todas esas características, con la excepción del aspecto legal, porque el país tiene suficiente y buena legislación en materia de drogas, pero no estamos en este momento frente al narco-Estado”.
Rebolledo señala que la implicación de Efraín Campo Flores y de Francisco Flores de Freitas, en el delito de conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos, posee características especiales, pues no se trata de dos ciudadanos comunes, sino de dos personas que por sus nexos exponen a figuras políticas de alto nivel, y revela que en el Estado funciona todavía una red mafiosa.
“Esta situación se agrava porque el Poder Ejecutivo controla todos los poderes, a excepción del Legislativo. Si bien la responsabilidad penal es individual, sí existe una responsabilidad por la relación de vínculos de influencia.
Lo sano es que el Ministerio Público abra de oficio una investigación para determinar las responsabilidades, dado que hay una plataforma de relaciones comprometidas con ese caso”, explicó el abogado, quien señala que aunque el delito haya sido cometido fuera del territorio nacional, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 73, establece que la jurisdicción es extraterritorial.
Desde el caso de Walid Makled esas redes no han sido desmanteladas- La delincuencia organizada gobierna en Venezuela porque tiene el control de la economía.
Estas organizaciones criminales, mafiosas, se infiltran en las instituciones del Estado cuando este es débil. “No estamos ante un narco-Estado, pero es posible que estemos en vías de su aparición si no se reinstitucionaliza al país, independientemente de quien el pueblo elija para gobernar”.
Fuente: Alejandro Rebolledo / Antilavadodedinero.com
