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Agentes federales han arrestado a miembros de una red ilegal de distribuición de oxicodona que operaba desde un apartamento de una casa en el sector noroeste del Condado Miami-Dade.
Once miembros de la supuesta red, entre ellos seis mujeres, han comparecido ante la corte federal en Miami y algunos se declararon inocentes de los cargos de que poseían oxicodona con intención de distribuirla.
La oxicodona es un medicamento altamente controlado que se vende solo por receta. Los médicos la recetan principalmente para mitigar el dolor, pero es ampliamente utilizada por los adictos a los narcóticos.
La detención de los presuntos miembros de la organización, a mediados de abril, fue el más reciente episodio de arrestos de sospechosos de vender oxicodona ilegalmente en el país.
Periódicamente, las autoridades anuncian la detención de miembros pertenecientes a redes de distribución ilegal de oxicodona en las principales ciudades de la nación. En febrero, por ejemplo, agentes federales arrestaron a más de dos docenas de personas en una redada en el Bronx contra un grupo que vendía millones de tabletas de oxicodona.
Los agentes investigadores, en particular los de la Agencia de Lucha Contra las Drogas (DEA), combaten la venta de oxicodona ilegal porque la adicción a la droga se ha convertido en una epidemia nacional.
Muertes por sobredosis de la droga han ido en constante aumento en todo el país. “Las personas que trafican con estas píldoras son traficantes de drogas en el sentido más verdadero de la palabra, y la DEA hará todo lo que está dentro de su poder para eliminar la distribución ilícita de analgésicos recetados”, dijo Harry Sommers, agente especial de la DEA a cargo de la división de campo de Atlanta durante la discusión de un caso ahí en el 2012.
“La DEA continuará investigando y llevará a juicio cualquier persona que distribuye las píldoras sin receta con el mismo vigor l que se utiliza contra los traficantes de cocaína, heroína, metanfetaminas y otros estupefacientes”.
El caso de Miami se inició el 25 de febrero, cuando un gran jurado federal emitió una acusación formal contra los 11 sospechosos.
La acusación fue inmediatamente puesta bajo sello porque los acusados aún no habían sido arrestados. Dos meses después, el 16 de abril, nueve de los 11 acusados fueron arrestados — cinco en Miami-Dade y cuatro en Fort Myers — de acuerdo con documentos de la corte federal.
Una décima persona también está tras las rejas, pero el paradero de la undécima no está precisado en los documentos judiciales.
El encausamiento dice que la principal acusada, identificada en documentos judiciales como Maribel García, alquiló un apartamento en una casa de un solo piso en la cuadra 7900 de la 36 court del noroeste “con el propósito de distribuir” oxicodona.
Una mujer que abrió la puerta en esa dirección el lunes dijo a El Nuevo Herald que García ya no vive ahí y que no sabe cómo comunicarse con ella. “No tengo nada que ver con ella”, dijo la mujer, que no proporcionó su nombre.
Los arrestados en Miami fueron identificados en los documentos judiciales como Lesbia Santamaría, Cynthia Rosa Morales, Harold Acevedo, Raúl Enrique Sosa y Juan Bautista Pérez. Los que fueron llevados ante un juez federal en Fort Myers fueron identificados como Maribel García, Juan Ramón Martínez, Mario Araujo y Brenda Johnson Ríos.
Los documentos de la corte no muestran ninguna comparecencia ante un juez de parte de Vivian Regla Viera. Un documento en el expediente indica que se había programado una audiencia de detención para Dunia Piloto y que ésta se declaró inocente después de la lectura de cargos contra ella.
No está claro donde fue arrestada Piloto o cual es el paradero de Viera. Cinco de los acusados — Santamaría, Morales, Acevedo, Sosa y Bautista — también se han declarado inocentes.
Estos se presentaron ante un juez en Fort Myers, fueron puestos en libertad bajo fianza y se les ordenó presentarse en la corte federal en Miami, cosa que hicieron, según documentos judiciales.
Jack Ross Blumenfeld, que representa a Morales, dijo que su cliente “niega haber participado en el delito.”
Ninguno de los otros abogados defensores pudieron ser contactados para que hicieran comentarios. Si son declarados culpables, los acusados pudieran enfrentar condenas de hasta 20 años en prisión.
